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Reforma de las pensiones /
Llega el fondo de pensiones público: claves de la futura ley
12:15 | 24/11/2021
  • La futura norma incorpora, según explica Escrivá, distintos instrumentos para configurar un producto de ahorro barato, orientado a que los ciudadanos complementen sus pensiones y tengan un salario en diferido
  • La norma crea un fondo de empleo impulsado desde el sector público y gestionado por el sector privado. Las gestoras y depositarias de los planes serán seleccionadas mediante concurso público, garantizando que las comisiones sean bajas
  • El ministro ha avanzado que la norma presentada el pasado martes podría estar aprobada definitivamente antes de finalizar el primer semestre de 2022
Por Futuro a Fondo

El Consejo de Ministros ha analizado el anteproyecto de Ley Reguladora de los planes de pensiones de empleo, que responde a las recomendaciones del Pacto de Toledo y está contemplada en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado que el impulso de los planes de empleo forma parte de la modernización y refuerzo del sistema de pensiones. El primer pilar, ha afirmado, es asegurar su revalorización y mantener su poder adquisitivo indefinidamente y de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo. El segundo pilar recoge un conjunto de medidas orientadas a liberar a la Seguridad Social de 20.000 millones de euros de gastos impropios.

Escrivá ha indicado que la oferta actual de fondos de pensiones está dirigida principalmente a planes individuales, que giran en torno al sistema bancario, con altas comisiones y concebida para rentas altas. La futura norma incorpora distintos instrumentos para configurar un producto de ahorro barato, orientado a que los ciudadanos complementen sus pensiones y tengan un salario en diferido.

Claves del fondo

Gestionado por el sector privado. La norma crea un fondo de empleo impulsado desde el sector público y gestionado por el sector privado. Las gestoras y depositarias de los planes serán seleccionadas mediante concurso público, garantizando así la competencia y que las comisiones sean bajas. Se espera que se establezca una comisión máxima del 0,5%. Según señalan desde el ministerio, los activos de los fondos de pensiones públicos serán invertidos exclusivamente en interés de las personas partícipes y beneficiarias tomando en consideración la rentabilidad, el riesgo y el impacto social de las inversiones.

¿Para quién? La futura ley facilitará el acceso a planes colectivos de pensiones a asalariados, autónomos y empleados públicos que hasta el momento no habían tenido acceso as los planes de empleo al haber estado orientados a grandes empresas.

Más transparencia. Se creará una plataforma digital, donde cada partícipe podrá consultar toda la información y realizar trámites, facilitará la transparencia y la portabilidad entre planes de pensiones.

Fiscalidad. El producto tendrá una fiscalidad diferenciada, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, y mucho más favorable que los planes individuales, según se recoge en los Presupuestos Generales del Estado. La deducción en el IRPF puede elevarse a los 8.500 euros, mientras que en los planes individuales se sitúa en 1.500. La suma de las aportaciones a distintos planes puede suponer para el partícipe una deducción de 10.000 euros. 

Para los autónomos los límites cambian, el límite conjunto deducible (planes individuales y colectivos) pasará de 2.000 a 5.750 euros. 1.500 corresponderían al tope de los planes individuales y el resto, 4.250 euros, a la parte patronal de la aportación a un plan colectivo. 

¿Cuándo? El ministro ha avanzado que la norma presentada el pasado martes podría estar aprobada definitivamente antes de finalizar el primer semestre de 2022. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros en primera vuelta, el anteproyecto de ley pasa al trámite de información y audiencia pública para recibir las contribuciones de la sociedad civil. Además, el texto será remitido al Consejo Económico y Social. Después de este trámite, volverá a pasar por Consejo de Ministros para ser remitida, una vez se produzca su aprobación, al Parlamento.

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