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El Congreso aprueba el texto del Pacto de Toledo: ¿qué cambios habrá en el sistema de pensiones?
15:00 | 20/11/2020
  • La reforma queda en manos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que será el encargado de convertir las recomendaciones del Pacto de Toledo en una ley
  • El texto defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas mediante la revalorización anual de sus pensiones en base al IPC real
  • El texto invita a tomar medidas para fomentar la permanencia de los trabajadores en activo, aproximando la edad de salida efectiva del mercado laboral a la edad de jubilación legalmente establecida
Por Futuro a Fondo

La reforma del sistema de pensiones español ya puede comenzar. Después de aprobarse el pasado 27 de octubre el texto que recoge las recomendaciones para reformar el sistema de pensiones español, el siguiente paso ha sido su aprobación en el Congreso. Ahora, la reforma queda en manos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que será el encargado de convertir estas recomendaciones en una ley.

El informe del Pacto de Toledo ha conseguido el respaldo de 262 diputados, con 2 votos en contra y 78 abstenciones. La Cámara, en cambio, ha rechazado todos los votos particulares presentados a este informe.  Se han rechazado los votos particulares presentados por grupos parlamentarios Popular, Republicano, Plural (Más País, BNG y Compromís), Ciudadanos, y EH-Bildu.

Recomendaciones del Informe

Este informe realiza, tras un análisis del sistema de pensiones y del contexto, una serie de recomendaciones con el fin de asegurar su viabilidad y suficiencia. Entre ellas, rechaza la sustitución del sistema de reparto por otro de capitalización, defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas mediante la revalorización anual de sus pensiones en base al IPC real y  plantea que  las prestaciones no contributivas se financien mediante aportaciones del Estado, destinando las cotizaciones sociales exclusivamente a financiar prestaciones contributivas, así como que el Estado, antes de 2023 y a través de los Presupuestos Generales del Estado, asuma gastos hasta ahora sufragados por la Seguridad Social que no le corresponden.

Consideran que se debe fomentar la permanencia de los trabajadores en activo, aproximando la edad de salida efectiva del mercado laboral a la edad de jubilación legalmente establecida, así como reforzar el principio de contributividad, sin menoscabo de la solidaridad del sistema, mantener y mejorar las pensiones mínimas, con una estructura y cuantías que no desincentiven la cotización, reformular de forma íntegra las prestaciones por muerte y supervivencia, en especial la de viudedad, manteniendo su carácter contributivo, y mejorar de la gestión de la Seguridad Social, creando una agencia que permita la gestión integrada de las funciones de afiliación, recaudatorias y de gestión de prestaciones, y abordando de manera inmediata un plan integral de recuperación y renovación de la plantilla de personal. 

También solicita un análisis de convergencia de los diferentes regímenes para reducirlos a dos: trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia, anima a continuar avanzando hacia la plena equiparación de los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos con los del Régimen General y a promover, en el marco del diálogo social, las medidas necesarias para aproximar las bases de cotización de los autónomos a sus ingresos reales. 

Con respecto al sistema de incentivos al empleo, aseguran, debe priorizarse a los colectivos de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social y a las víctimas de violencia de género y deben adoptarse medidas de fomento de la contratación de los parados de larga duración, y de los jóvenes, así como incentivar el mantenimiento del empleo de las personas contratadas que tengan 55 o más años. El informe hace también recomendaciones para determinados colectivos, como las personas con discapacidad, trabajadores migrantes, mujeres y jóvenes.

Tal y como se establece en su última recomendación, este informe volverá a revisarse transcurridos cinco años. En ese momento también se evaluará el grado de cumplimiento del mismo. Asimismo, se fija que el Gobierno deberá comparecer anualmente ante la Comisión para informar de la situación puntual de la Seguridad Social en relación con el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas.

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